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Resultante del proceso mediante el cual, un terreno es dotado de servicios públicos e infraestructura, inherentes a la actividad que se va a desarrollar, de conformidad con las normas legales.
Proceso por el cual se derriba una edificación existente o parte de ella.
Acto del Alcalde, expedido en ejercicio de su potestad reglamentaria, para asegurar la debida ejecución de los Acuerdos del Concejo Municipal.
Es el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad, que exige del Estado y del sistema nacional ejecutar acciones de respuesta a la emergencia, rehabilitación y reconstrucción.
Derecho que tiene cualquier persona para solicitar el suministro de cualquier información que posea la entidad y que debe ser resuelta en un término de quince (15) días siguientes a su recepción.
Derecho que tiene cualquier persona para solicitar la expedición de un documento y que debe ser resuelta en un término de diez (10) días siguientes a su recepción.
Derecho que tiene cualquier persona para presentar peticiones respetuosas a las autoridades, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución.
Acto mediante el cual se pone en conocimiento de la Autoridad competente la presunta comisión de algún delito o infracción legal.
Persona que ejercita una acción y formula una demanda en juicio, en reclamación de una cosa o reconocimiento de un derecho.
Persona contra quien se actúa y a quien se le reclama algo o se pide una cosa en juicio.
Escrito por medio del cual se solicita a una autoridad judicial o arbitral, el reconocimiento o la existencia de un derecho.
Es un acto administrativo expedido por la primera autoridad del municipio en cabeza del alcalde, y mediante el cual generalmente reglamenta asuntos de su competencia.
Es una garantía y principio jurídico procesal consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política de 1991, que busca asegurar que toda persona pueda ser investigada, acusada o juzgada en un proceso ante las autoridades judiciales o administrativas, en condiciones de plena igualdad e imparcialidad, conforme a los procedimientos legalmente establecidos y observando en todo tiempo el respeto de sus derechos.